UNIVERSIDAD DEL SUR
Campus Chetumal
“UNIVERSIDAD JOVEN CON ESPÍRITU DE
GRANDEZA”
Yam Navarro Cleiver (2014),
Ley General del Servicio Profesional
Docente.- una fortaleza para la calidad de la
educación en México
Texto elaborado para dar cumplimiento a los
requerimientos
De la asignatura Políticas Educativas, a cargo del
Dr.
Felipe Espinosa Chávez,
correspondiente
Al Doctorado en Educación, por la UNIVERSIDAD
DEL SUR
LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.-
UNA FORTALEZA PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
M.A. CLEIVER YAM
NAVARRO
LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.-UNA
FORTALEZA PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MÉXICO
RESUMEN
La búsqueda de la calidad de la educación, siempre
ha sido una preocupación de los gobiernos en turno de todos los países, toda
vez que se considera al hecho educativo como formador de las nuevas
generaciones. En este contexto, México nuestro país, no ha sido la excepción,
desde nuestra Independencia se han realizado grandes esfuerzos para alcanzar
una educación de calidad.
Sin embargo, estos esfuerzos en la mayoría de las
ocasiones, no han culminado con el logro de los objetivos establecidos, debido
a diversos factores, como son el económico, la falta de eficiencia y eficacia
en el ejercicio de los recursos, la falta de mecanismos de evaluación, la
oposición sindical, los acuerdos entre el Sindicato y las autoridades
educativas, el centralismo, la descentralización, entre otros varios.
Hoy en día, la presente administración federal nos
presenta su Reforma educativa, destacando la promulgación de la Ley General del
Servicio Profesional docente, como eje articulador del quehacer educativo en un
marco de rendición de cuentas, concursos de oposición para acceder, ser
promocionado, reconocido y permanecer en el servicio educativo.
Es sin duda una fortaleza para alcanzar la calidad
de la educación en México, dependiendo de su aplicación, al tiempo.
PALABRAS CLAVE
Calidad de la educación, evaluación, políticas educativas, reformas
educativas.
La reforma educativa, es la respuesta para la
calidad de la educación en México? .El presente ensayo pretende ser una
reflexión acerca de la política educativa de la presente Administración
federal, en lo referente concretamente a la modificación realizada a la fracción III del artículo 3° Constitucional,
para lo cual es importantes destacar que a lo largo de la historia de la
humanidad, cada país, cada pueblo, cada conglomerado humano, ha luchado por
encontrar las mejores vías para el
progreso, el desarrollo, la prosperidad, que permitan no solo mantener y conservar
la cohesión social, si no impulsar al grupo de que se trate, hacia mejores
niveles de bienestar y de vida. En esta constante búsqueda, en muchas
ocasiones, se llegan a objetivos distintos a los planeados y también en muchas
ocasiones estos objetivos son desvirtuados, por así convenir a ciertos
intereses.
Uno de los aspectos fundamentales para el
crecimiento y desarrollo de una sociedad, lo constituye la educación. Es
precisamente en este sentido en el cual estaremos enfocando el presente
trabajo.
En México, nuestro país, los esfuerzos realizados
desde tiempos pasados, por dotar a los mexicanos de una educación de calidad,
de utilidad y de trascendencia, no han sido escasos.
Podemos distinguir Grandes tendencias en las
políticas educativas aplicadas en México.
- Con José Vasconcelos, que veía en la escuela un medio para un país culto, democrático, promovió una educación civilizadora y un espíritu misionero que se reflejó en las heroicas campañas de alfabetización y continuó con la escuela rural mexicana
- La llamada educación “socialista” impulsada a partir de la presidencia del presidente Lázaro Cárdenas, modelo que se siguió hasta el final del mandato del presidente Ávila Camacho en 1945, con la idea de forjar un hombre libre de pensamiento y libre de fanatismos religiosos, buscando siempre una sociedad igualitaria
- De manera paralela, desde fines de 1920, se desarrolló el proyecto de la educación tecnológica, orientada a apoyar la industrialización del país
- A medianos de la década de 1940, se estableció la tendencia conocida como escuela de unidad nacional, promovida por Jaime Torres Bodet, lo que implicó el abandono de la educación socialista
- A partir de estas fechas comenzó a desarrollarse la política de modernización educativa, que aún en nuestros días no acaba por encontrar el justo camino hacia una educación de calidad que responda a los intereses de la población y de la nación.
Cada Presidente de la república al inicio de su
mandato, para dar cumplimiento con las disposiciones legales, presenta un documento en el que plasma las
políticas públicas que habrá de aplicar en la búsqueda del logro de sus
objetivos, que se supone parten de un conocimiento profundo de la realidad
nacional.
López Portillo (1976-1982) presentó el Plan
Nacional de Educación, que hacía énfasis en la formación de los maestros,
privilegiaba la educación en zonas deprimidas y grupos marginados, la educación
abierta, la capacitación, entre otros grandes aspectos. Es este período se
impulsó la descentralización educativa,
con la creación en 1978 de las delegaciones federales de la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988),
se planteó una revolución educativa, es decir cambiar todo el sistema educativo
mexicano, sin embargo la crisis económica afectó el logro de los objetivos
establecidos, fue en esta época cuando se dio una reducción en el presupuesto
destinado a la educación, lo cual afectó
los salarios de los profesores, la descentralización educativa no avanzó.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),
se presentó el programa de modernización de la educación, presentando avances
reales, como la obligatoriedad de la educación secundaria, nuevos planes de
estudio para la educación básica, nuevos libros de texto, nueva ley general de
educación, reformas al artículo 3° Constitucional, avances en la
descentralización educativa, destacando la firma en 1992 del acuerdo nacional
para la modernización de la educación básica y normal, apoyado por todos los
gobernadores de las entidades y el sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE)
El gasto público en educación pasó al 5.7% del PIB,
frente al 3.56% de 1989 (SEP, 1996; 165) (Martínez 2001)
Los
problemas de equidad y calidad siguieron prevaleciendo, así como una especie de
alianza o acuerdo, no escritos, entre el
SNTE y las autoridades en la toma de decisiones.
En el sexenio de Ernesto Zedillo (1995-2000),
considerando su pasado como Secretario de educación, se realizaron importantes
esfuerzos educativos, destacando el incremento en la cobertura y en la
eficiencia terminal, los esfuerzos compensatorios financiados con recursos
internacionales, los primeros esfuerzos visibles para medir la calidad
educativa al participar en evaluaciones internacionales, se creó el programa de
mejoramiento del profesorado( PROMAEP), se crearon los comités
interinstitucionales de evaluación de la educación superior ( CIEES).
Sin embargo, también quedaron aspectos pendientes
como el hecho de que según el censo del
INEGI del año 2000, más de un millón de niños y jóvenes de 6 a 14 años
de edad se encontraba fuera de la escuela.(ibíd. 2001)
Los resultados de las evaluaciones nacionales
e internacionales de la educación básica
no se difundieron, es decir no se le sacó algún tipo de provecho, ya sea como
información para mejorar, información para la toma de decisiones, nada, simple
y sencillamente se archivó.
Hasta estas fechas, las políticas educativas
implementadas habían sido bajo la conducción de gobernantes emanados de un
mismo partido político el Partido Revolucionario Institucional, (PRI).
A partir del año 2000, se produce la alternancia
política, cuando Vicente Fox, asume la presidencia de la república bajo los
colores del Partido Acción Nacional (PAN),
en su sexenio, prácticamente se le dio continuidad a las políticas de la
administración anterior, presentado el
programa nacional de educación 2001-2006, titulado, por una educación de buena
calidad para todos, un enfoque educativo para el siglo XXI.
Destacando el programa de escuelas de calidad, que
buscaba el mejoramiento continuo de la calidad y equidad de la educación.
En agosto de 2002, se crea el Instituto Nacional
para la Evaluación Educativa (INEE),
En el sexenio del presidente Felipe
Calderón,(2007-2012) también emanado del
PAN, se impulsó una reforma integral a la educación básica, centrada en la
adopción de un modelo educativo basado en competencias, que responda a las
necesidades del desarrollo de México en el siglo XXI, asimismo se dio fuerte
impulso a la formación continua de docentes.
Se reformó el artículo 3° constitucional,
estableciendo la obligatoriedad de la educación media superior.
Nuestro propósito no consiste en realizar un
análisis exhaustivo de cada una de las políticas adoptadas y sus resultados.
Pretendemos compartir con todos, el hecho de que siempre han existido
intenciones y acciones reformadoras respecto al quehacer educativo, que
indudablemente han contribuido al logro de la situación actual de la educación
en nuestro país.
México, la décimo cuarta economía más grande del
mundo (2009) enfrenta importantes desafíos en educación. Pese al progreso
significativo alcanzado en las décadas anteriores en términos de acceso, de
mejoras en la eficiencia terminal en educación básica y del desarrollo de
evaluaciones del aprendizaje, aún persisten desafíos considerables. La mejora
en la calidad educativa es una prioridad política y social en México,
especialmente en años recientes, debido a los altos índices de pobreza, la gran
desigualdad social y económica y al aumento exponencial de la criminalidad .
aunque ha habido una mejora educativa y un enfoque cada vez más importante en
las políticas educativas, todavía una alta proporción de jóvenes no finalizan
la educación media superior y el desempeño de los estudiantes no es suficiente
para proporcionar las habilidades que México necesita. La mitad de los jóvenes
de 15 años de edad no alcanzó el nivel básico 2 de PISA ( el promedio de la
OCDE fue del 19.2% en 2006) la jornada escolar es corta, con tiempo de
enseñanza efectiva insuficiente y en muchas escuelas la enseñanza y el
liderazgo son de baja calidad y el apoyo con que cuentan es débil (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2010)
Es así como llegamos al sexenio del Presidente
Enrique Peña Nieto 2013-2018), quien contando con la mayoría necesaria tanto en
la cámara de diputados como en la de senadores, así como en los gobiernos de
las entidades, decide empujar las
grandes reformas estructurales que nuestro país reclamaba desde años atrás y
que por cuestiones políticas entre los partidos, no se habían realizado.
Previo a la presentación de las iniciativas
correspondientes, el aparato gubernamental inició una especie de campaña de exaltación
de las debilidades, carencias y problemas del magisterio nacional, al grado de
llevar a la cárcel a la lideresa vitalicia del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), rompiendo de tajo con una alianza
histórica.
Los operadores políticos oficialistas,
instrumentaron el Acuerdo por México, en el cual se establecieron compromisos
avalados, no por la ciudadanía en general,
si no por los líderes de los tres principales partidos políticos en
México, estos son el PAN, EL PRI, Y EL PRD. Cada
uno de los cuales puso sobre la mesa sus propuestas y sus requerimientos y una
vez satisfechos, se fueron de manera conjunta a la aprobación de las reformas,
como nunca antes se había visto en nuestro país.
Una de estas reformas ya concluidas, es la llamada
reforma educativa, que desde mi punto de vista bien podría ser denominada
“reforma laboral del sector educativo”, esta reforma implicó la modificación,
adecuación e implementación de varias disposiciones legales, incluyendo algunos
artículos constitucionales, entre ellos el artículo 3°, en su fracción tercera,
que es precisamente el objeto de nuestro análisis.
Desde su nacimiento el artículo 3° constitucional
consagra el espíritu y propósitos de la educación en México, guía y orienta el
accionar de los gobiernos respecto al tema educativo y se modifica según
convenga a la ideología del grupo gobernante.
En este caso, la modificación realizada consiste
fundamentalmente en establecer que el Estado garantizará la calidad de la
educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y directivos, garanticen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos.
La fracción III, de este artículo estable:
.Para
dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción
II, el Ejecutivo Federal determinará
los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria,
secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo
Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito
Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la
educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley
señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos
con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media
superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de
oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que
correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y
condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a
los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos
todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo
dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se
refiere la fracción VII de este artículo
Con la sólo lectura de esta disposición
constitucional, nos damos cuenta que impacta de lleno en la forma en que tradicionalmente se venían
haciendo las cosas, es decir desde la creación en 1943 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), en concordancia con una política
corporativa, por lo cual es de esperarse las airadas reacciones en contra de
dicha reforma, ya que afecta contundentemente la fortaleza sindical.
Sin embargo, no fue el SNTE quien opuso la mayor
resistencia a la implementación de esta reforma, si no la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la Educación (CNTE), con movilizaciones, marchas y
plantones, principalmente en el distrito Federal, pero también en varias
Entidades del país, en las cuales, varias secciones sindicales quedaron rebasadas
por los profesores quienes constituyeron nuevos frentes de lucha, al no
encontrar respaldo y apoyo por parte de sus líderes sindicales.
De esta fracción tercera encontramos que de la
noche a la mañana los profesores ya no podrán heredar sus plazas a sus hijos,
tengan o no vocación docente, ya no podrán acceder a los puestos de dirección y
supervisión en base a su antigüedad y méritos sindicales o por recomendación de
algún político como se acostumbraba hacer, ya no tendrán garantizado su puesto
de trabajo de manera vitalicia, cumplan o no cumplan con sus obligaciones
laborales.
La ley reglamentaria de la fracción III del
artículo 3° Constitucional, se denominó
Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el diario Oficial de
la Federación el 11 de Septiembre de 2013, con la finalidad de regir el
servicio profesional docente y establecer los criterios, los términos y
condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia
en el servicio, quedando fuera de esta ley las Universidades y otras
Instituciones de Educación Superior, el
CONAFE, el INEA, y los Institutos Estatales de Educación para adultos.
Esta Ley, constituye el fundamento primordial de la
Reforma Educativa del presente sexenio y se constituye en la principal
fortaleza para alcanzar la calidad de la educación que se plantea en el Plan
Nacional de Desarrollo y el programa sectorial de Educación Pública 2013-2018.
Lo anterior en virtud de que de manera clara y
precisa establece mecanismos que rompen las inercias del pasado, en cuanto al
ingreso, promoción y permanencia del personal docente en el servicio educativo.
Asimismo, fomenta la preparación y actualización
continua del magisterio, al establecer los concursos públicos de oposición,
tanto para el ingreso como para la promoción de los docentes, esta situación,
que en otros campos y otras disciplinas se viene realizando desde hace mucho
tiempo atrás, para el sector educativo en nuestro país, era algo utópico, lo
cual se reflejaba en los logros académicos de los alumnos.
Contar con una plaza laboral vitalicia, con la protección de un poderoso sindicato,
aprovechar las debilidades estructurales y de gestión Institucional, para fines
personales, no contribuían a mejorar los aprendizajes de los niños y jóvenes de
México y tampoco eran fuente de motivación para la superación y actualización
docente, con la Ley en comento, se establecen evaluaciones periódicas que
habrán de aprobarse en aras de continuar en el servicio educativo, como se hace
en cualquier entorno laboral que persigue calidad en sus objetivos.
La Ley general del Servicio Profesional Docente,
también establece diversos tipos, modalidades y momentos de evaluación, lo que
es indudable es que la evaluación es una actividad ligada a la toma de decisiones
enfocada a mejorar los procedimientos, en este caso la evaluación interna en
las escuelas será una actividad permanente de carácter formativo, es decir que
permita detectar fallas, errores, desviaciones, para tomar las medidas
correctivas que correspondan y así continuar en la búsqueda de una mejor
educación.(Ley General del Servicio Profesional Docente,p.8)
El concepto de evaluación ha evolucionado a lo
largo de tiempo y existen distintos matices en relación con el objeto de
estudio y el objetivo de las evaluaciones. En cualquier caso, la disciplina de
la evaluación es mucho más que la acepción genérica y común que se atribuye al
término. Viene respaldada por más de ocho décadas de práctica y por una muy
abundante literatura económica, social y política.
La evaluación no es un control de legalidad, ni una
auditoría, ni una investigación ni un seguimiento; aunque esté relacionada con
estas técnicas y pueda integrarlas. La evaluación tampoco debe ser un mero
trámite adicional, más burocracia. Ni trata sólo de medir. Y debe ser
especialmente cuidadosa en la definición de indicadores válidos.
Se puede definir la evaluación de las políticas
públicas como un proceso integral de observación, medida, análisis e
interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública, norma,
programa, plan o política, que permita alcanzar un juicio valorativo basado en
evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e
impactos. La finalidad de la evaluación es ser útil a los decisores y gestores
públicos así como a la ciudadanía (Pérez: p.257)
Por lo tanto, en un mundo globalizado, de una feroz
competencia por un puesto de trabajo, donde el cambio y la innovación son las
constantes, resultaba inviable continuar por la ruta de la simulación, de la
falta de mecanismos y de indicadores para evaluar y para comparar lo alcanzado
con lo planeado y con los objetivos establecidos.
De este somero análisis podemos concluir que el
Presidente de la República, al impulsar y promulgar la ley reglamentaria del
artículo 3° constitucional está dotando al país de una herramienta moderna, que
contempla los aspectos principales del quehacer docente, para de esta manera
fortalecer los sistemas y procedimientos administrativos y pedagógicos, en la
búsqueda de la calidad educativa.
Por otra parte, como hemos visto, reformas
educativas han existido, los resultados han sido variados, pero en ningún
momento se han cumplido a cabalidad los objetivos establecidos, por los
mecanismos utilizados para la aplicación de las leyes y diversas normas, es
decir, el éxito o fracaso de la presente reforma no depende única y
exclusivamente de la existencia de esta ley, que si bien es un avance, una
fortaleza, una herramienta, requiere de la participación firme y comprometida
de todos los actores involucrados, fundamentalmente los docentes, autoridades
educativas, alumnos, padres de familia y la misma sociedad.
Un aspecto que debe cuidarse en extremo es la
imparcialidad y transparencia en la aplicación de las evaluaciones, no deben existir
revanchismos, o cualquier situación personal que contamine los resultados, así
como que el personal responsable de las evaluaciones cuente con la capacitación
y supervisión adecuada.
También es evidente que los resultados de estas
modificaciones legales sólo podrán
medirse y evaluarse a mediano y largo plazo, y que requieren de un cambio en la
mentalidad y cultura nacionales para alcanzar los objetivos establecidos.
Según Aguerrondo (2008), “Las transformaciones
globales del orden internacional y el avance del reordenamiento de las
economías mundiales en torno al valor de la tecnología han puesto en el ojo de
la mira a los sistemas educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar
y difundir el conocimiento en la sociedad y por lo tanto, se instituyen en la
instancia decisiva que está a la base de la carrera tecnológica (es decir, de
las posibilidades económicas futuras de la sociedad).”
Es
en este contexto, en el cual la globalización, la aplicación del neoliberalismo
en toda su extensión y la feroz competencia internacional, obligan a tomar
medidas para que la educación como generadora de ciudadanos reflexivos,
críticos y productivos, responda a las demandas actuales, con una educación de calidad.
Calidad
de la educación implica parámetros para realizar juicios de valor, es un
concepto complejo que se aplica a todas las dimensiones de la educación, cada
sociedad define qué entiende por calidad, sin embargo, una educación de calidad
es aquella que responde de manera adecuada a las demandas de la sociedad donde
está inmersa. (ibid. 2008).
Precisamente
en el aspecto social es donde radica la importancia de que las cuestiones
educativas sean consideradas como
políticas de Estado y no de Gobierno, para contar con planes, programas y
proyectos de largo plazo, que no estén sujetos a los vaivenes de los intereses
políticos de los gobernantes en turno.
La
Ley General del Servicio Profesional Docente, si bien Constituye un elemento de
apoyo, que coadyuva en la búsqueda de la Calidad de la Educación, todavía está
en proceso de instrumentación y aplicación, por lo que su verdadero potencial
todavía está por verse.
Sin
embargo, es indudable que para alcanzar los objetivos establecidos, es
necesario que las autoridades educativas de todos los niveles, principalmente
las Estatales y Municipales realicen lo
que les corresponde, se requiere terminar con la simulación, la apatía y la
aplicación de poderes fácticos que mucho daño hacen al Sistema Educativo Mexicano.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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mejorar la calidad de la educación de las escuelas Mexicanas, (OCDE 2010),
documento: mejorar
las escuelas: estrategias para la acción en México, OCDE.
1.- Aguerrondo I. (2008).- la calidad de la Educación: ejes para su
definición y evaluación.- Organización de Estados
Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, Bogotá, Colombia, recuperado
de www.oei.es/calidad2/aguerrondo.htm.
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recuperado de www.rieoei.org/rie27a02.htm.
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4.-México,Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General del
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5.- Pérez D.I.- (2008.) La agencia
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6.-Ornelas C. (1995) El sistema Educativo Mexicano, México, D.F. recuperado de hedaly.files.wordpress.com/2011/05/carlos-ornelas.pdf
7.- Roig I. J. (2006)- La Educación ante un nuevo orden mundial.- Ed. Díaz de Santos, Madrid, España. Recuperado de books.google.com.mx/books?isbn=8479787600.
Me parece muy interesante la manera en que presentaste las diferentes reformas educativas que han sido antecesoras a la actual.
ResponderBorrarEsperemos que con el tiempo podamos ver en verdad esa "calidad" de la que tanto se habla actualmente.